El próximo domingo 18 de octubre, el pueblo boliviano está llamado a las urnas en unas elecciones generales que serán vitales por diferentes motivos, el principal de ellos; la recuperación de la democracia en Bolivia tras el golpe de estado de finales de 2019.
En la madrugada del viernes 14 de agosto, la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), principal central sindical de Bolivia, fue atacada con dinamita, ademas de sufrir la vandalización de su fachada. La sede la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa también fue victima de un ataque esa misma madrugada. Sendos atentados no produjeron victimas aunque sí daños materiales.
Con la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de Ecuador de ilegalizar al partido Fuerza Compromiso Social, liderada por el expresidente Rafael Correa y las graves amenazas que el gobierno de facto Boliviano ha realizado en los últimos días hacia la candidatura de Movimiento al Socialismo (MAS) los gobiernos de Ecuador y Bolivia dan un nuevo paso en la degradación democrática a la que someten a sus países desde el comienzo de sus respectivos mandatos.
Numerosas organizaciones sociales y políticas, entre las que se encuentra UGT, han suscrito una carta apoyando el acuerdo y consenso logrado entre diferentes fuerzas políticas de Bolivia que permite al Tribunal Supremo Electoral (TSE) proponer, ante la asamblea legislativa plurinacional, la convocatoria de elecciones generales el próximo 6 de septiembre de 2020.
El pasado 30 de abril, el congreso boliviano aprobó una ley para la celebración de elecciones presidenciales en un plazo máximo de 90 días. Tras cinco meses de gobierno de facto de Jeanine Áñez, quien accedió al poder tras un golpe cívico-policial, avalado por las fuerzas armadas, contra el gobierno de Evo Morales, el llamamiento a elecciones supone un primer paso importante para la reparación del orden democrático boliviano, seriamente afectado por el mencionado golpe de noviembre.
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