El conflicto desatado en Bolivia tras las denuncias de fraude de la oposición no parece circunscribirse exclusivamente a un desacuerdo sobre el proceso electoral, especialmente sobre el recuento. Las supuestas irregularidades denunciadas podrían, desde el primer momento, haber sido ser solventadas dentro del marco del estado de derecho boliviano y su sistema electoral. Sin embargo, asistimos con preocupación a las declaraciones y exigencias vertidas en un primer momento desde la OEA.