La situación que se viene dando en el Aeropuerto del Prat es la punta del iceberg fruto de un contrato de seguridad privada, realzado por AENA, a la baja que recorta derechos a los trabajadores y trabajadoras y no garantiza una correcta calidad de servicio.
AENA y Gobierno del PP son culpables de situar en la protección de servicios de alto riesgo a vigilantes con salarios de 700 euros como es el caso entre otros muchos del Ministerio de Defensa en España.