La devaluación salarial ha hecho perder a la Seguridad Social más de 15.000 millones de ingresos desde 2011

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El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, participó ayer en las XVI Jornadas por un envejecimiento activo, organizadas por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-Castilla León, donde insistió en la necesidad de retirar las últimas reformas del Sistema de la Seguridad Social y recuperar el IPC para revalorizar las pensiones y garantizar su poder de compra.

Ferrer señaló además que ofrecer más protección y mejores prestaciones sociales "no es incompatible con la sostenibilidad del sistema en el largo plazo si se toman las medidas como crear empleo de calidad, reducir la tasa de desempleo, reducir la precariedad o actuar contra la devaluación de los salarios (que ha hecho perder a la Seguridad Social más de 15.000 millones desde 2011), aumentar el SMI, incrementar las bases de cotización o eliminar las reducciones en la cotización a la seguridad social de las políticas de fomento del empleo".

Toni Ferrer denunció que las últimas modificaciones del Gobierno se dirigen, "en mayor o menor medida, a reducir la cuantía de las pensiones. De hecho, mientras que en el año 2011 un trabajador al jubilarse percibía el 81,2% de su salario, en el año 2013, según datos de la OCDE, la proporción de la pensión era ya del 73,9% y, en el año 2060, según la última proyección de la Comisión Europea, pasará a ser menos de la mitad, el 48,6 %". "La propia Comisión Europea achaca esta reducción de la tasa de sustitución o reemplazo a las reformas llevadas a cabo sobre el sistema de pensiones en estos últimos años y en especial, a los efectos del factor de sostenibilidad" añadió.

El Secretario de Acción Sindical manifestó que la norma que más ha afectado a los pensionistas es la ley 23/2013 que introdujo un nuevo índice para la revalorización de las pensiones que sustituye al IPC y vincula la actualización anual de las pensiones a la situación financiera del sistema.

"Este nuevo índice" señaló "que debería ser retirado del ordenamiento jurídico, supone desterrar a un segundo plano el mantenimiento del poder adquisitivo y un empobrecimiento seguro de los pensionistas, ya que, a corto plazo (cuando acabemos el año 2015), los pensionistas llevarán acumulada una pérdida de poder adquisitivo de entre un 3 y un 4%".

"En definitiva" comentó "las reformas llevadas a cabo en los últimos cuatro años producirán una importante pérdida de poder adquisitivo, que afectará negativamente a la suficiencia económica de unas pensiones ya de por sí insuficientes para un amplio número de pensionistas (3 millones de pensiones son inferiores a 420 euros/mes y suponen la principal fuente de ingresos de más del 30% de los hogares)".