• La Ley de Contratos Públicos genera precariedad y servicios públicos deficientes.

• La Administración Pública debería dar ejemplo en materia de contratación y establecer unos estándares de calidad en los servicios.

• No se puede permitir que la mala gestión de servicios como la protección a las víctimas de violencia de género genere verdaderas situaciones de peligro.