El 1 de septiembre los inmigrantes en situación administrativa irregular, ya no tendrán derecho a la asistencia sanitaria, excepto los menores de edad, y los casos de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta el alta médica, embarazo, parto y posparto. La nueva regulación, además, dificulta o puede eliminar el derecho o crear periodos de desatención e interrupción de tratamientos, para ciudadanos españoles, comunitarios y extranjeros no comunitarios en situación administrativa regular.
UGT ha solicitado a la Dirección General de Migraciones que adopte las medidas oportunas para solucionar los casos de los familiares no comunitarios de españoles retornados, que tras las últimas modificaciones legislativas, se están quedando en situación administrativa irregular y, por tanto también sin asistencia sanitaria y para que se informe, adecuadamente, en consulados y embajadas a los españoles que quieran retornar y a sus familiares de las nuevas exigencias.
En el día de ayer, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dio el visto bueno al proyecto de Orden por la que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria para personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, entre ellas los extranjeros en situación administrativa irregular.
UGT ha puesto en conocimiento de la Dirección General de Migraciones, algunos problemas que está generando la regulación actual de los trabajadores transfronterizos. Estos trabajadores y trabajadoras, están autorizados a trabajar en territorio español y volver diariamente a su lugar de residencia y son principalmente trabajadoras y trabajadoras marroquíes que viven en Marruecos y trabajan en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
UGT considera descabellada, injusta e impresentable la propuesta del Gobierno de reformar el Reglamento de Extranjería para dar autorizaciones de residencia a extranjeros que compren una vivienda de más de 160.000 euros.
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